EDITORIAL | Entre el ajuste y la incertidumbre social
La decisión de avanzar con el recorte y la reconversión de los planes sociales volvió a encender el debate público. Mientras algunos celebran lo que consideran el fin de una etapa, otros se preguntan qué ocurrirá con miles de familias que hoy dependen de esa ayuda para subsistir.
Entre quienes festejaron la medida se expresó Iñaki Gutiérrez, influencer libertario y administrador de la cuenta de TikTok del Presidente, quien sostuvo que los beneficiarios del programa Volver al Trabajo deberán capacitarse en oficios como pintura, gas o electricidad, y que en caso de no hacerlo, el beneficio será dado de baja. “Se acabó la Argentina de la joda”, afirmó en declaraciones públicas.
El programa Volver al Trabajo fue creado por el Decreto 198/2024 tras la disolución del Potenciar Trabajo y alcanza a cerca de 900.000 beneficiarios que perciben $78.000 mensuales a través de ANSES. Desde el Ministerio de Capital Humano se anunció que se implementarán capacitaciones con el objetivo de facilitar la inserción laboral en el sector privado.
Sin embargo, más allá del anuncio formal, la gran incógnita es dónde y cómo se insertarán esas personas en un contexto económico donde muchas empresas reducen personal y la actividad no muestra signos de expansión sostenida.
En ciudades como La Paz, pequeñas constructoras que antes empleaban una docena de trabajadores hoy funcionan con planteles mínimos debido a la caída de la actividad.
El debate de fondo no pasa únicamente por la existencia o no de los planes sociales, sino por el momento en que se decide avanzar con su reducción. Muchos coinciden en que la asistencia estatal no puede ser permanente y que debería transformarse en empleo genuino. Pero también advierten que esa transición requiere un mercado laboral dinámico capaz de absorber a quienes quedan sin cobertura.
Otro punto que genera cuestionamientos es el destino del ahorro fiscal que implicaría la baja de estos programas. Mientras el Gobierno sostiene que se trata de ordenar las cuentas públicas y reducir el déficit, sectores críticos plantean dudas sobre si el ajuste impacta de manera equitativa en toda la estructura del Estado.
En medio de posiciones enfrentadas, la realidad cotidiana se impone: para muchos hogares, esos $78.000 representan un complemento que ayuda a sostener la alimentación básica. Para otros, el fin de los planes es un paso necesario hacia un modelo basado exclusivamente en el trabajo formal.
La Argentina atraviesa un proceso de transformación profundo. La discusión no es solo económica, sino social: cómo equilibrar la responsabilidad fiscal con la contención de los sectores más vulnerables. Y, sobre todo, cómo generar empleo real en un país donde la pobreza y la incertidumbre siguen marcando el pulso de la vida diaria.