Finalmente, no hubo plazo extra para la apelación de Argentina, y la Justicia estadounidense hizo lugar al reclamo de Burford por la forma en que se estatizó YPF en 2012.

CARLOS BURGUEÑO

Finalmente, llegó la noticia que el Gobierno no quería escuchar. La jueza Loretta Preska confirmó el 10 de enero como fecha para que la Argentina presente garantías y de esta manera evite embargos durante la apelación del fallo por la expropiación de YPF.  El país pretendía una extensión del plazo para presentar las garantías, pero no fue tomada la solicitud.

Con esta decisión desde hoy, jueves 11 de enero, los demandantes podrán comenzar los pedidos de embargos de activos ubicados en los Estados Unidos y en el resto del mundo.

En el marco del juicio que se sustancia en el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York por haber dejado al margen del pago que se hizo a Repsol en 2012 al resto de los tenedores de acciones de la petrolera, los fondos Burford Capital y Eton Park (compraron luego de esa fecha el juicio), enviaron una carta a Loretta Preska sosteniendo que desde el 15 de septiembre, fecha de la sentencia, «ya pasó un plazo razonable» para que se presenten las garantías por US$ 16.100 millones y reclamaron poder avanzar con los embargos.

Para evitar que la sentencia se ejecuta la magistrada pidió al país que presentara como garantía el 26% de las acciones de YPF y también una supuesta deuda que el Ente Nacional Yacyretá tiene con el país por US$2000 millones, que sería de la época en que se construyó la represa.

El punto es que, para entregar las acciones de YPF, se necesita autorización del Congreso fundada en la ley de Expropiación. Por su parte, en cuanto a Yacyretá no se encontraron documentos oficiales al respecto.

Argumentos de fondo

Para Preska, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina. Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales.

Ninguna legislación particular de cada estado independiente y soberano tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario. En consecuencia, para el fallo de YPF, la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol. Y quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones del Repsol (51%), y el Congreso, que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.

Libera de cualquier responsabilidad legal o financiera, tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Investment. El único responsable fue el Estado Argentino, y en consecuencia, será el que deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.

Fuente mdz